La reforma de la ley del tabaco tendrá mayoría política y social

• El PSOE cree que la norma ha quedado obsoleta y CiU está dispuesta a apoyar que se endurezca
• La UGT quiere cambios que acaben con la discriminación de los empleados de hostelería

Cuando el ministro de Sanidad, Bernat Soria, se decida a reformar la ley del tabaco no le va a faltar apoyo parlamentario. Su propio grupo político, el PSOE, ha acogido con entusiasmo la idea del científico metido a político de endurecer la norma esta legislatura, mientras que los parlamentarios de CiU se han mostrado ya dispuestos a brindar sus votos. Al menos para alumbrar una norma similar a la de Portugal, que prohíbe fumar en bares y restaurantes de menos de 100 metros cuadrados y en los mayores que no tengan zonas bien separadas de fumadores.
La ley antitabaco tiene poco más de tres años de vida y se incumple sistemáticamente en el grueso de las autonomías gobernadas por el PP debido a sus lagunas. Los expertos coinciden también en que la posibilidad que la norma da de escoger a los bares pequeños ha acabado produciendo el efecto perverso de que en casi todos se permite fumar.
Para Alberto Fidalgo, portavoz en temas sanitarios del grupo parlamentario socialista, la ley se ha quedado obsoleta al no garantizar realmente el derecho a no respirar humo, "a la salud en definitiva", de los no fumadores, muchas veces niños, y del millón de empleados de la hostelería. "Hay consenso científico sobre los daños del tabaquismo pasivo y la necesidad del nuevo cambio legal. Creo que va a ser irrebatible", defendió Fidalgo.

CONSENSO
El diputado orensano, médico de profesión como Soria, aseguró que su grupo hará los esfuerzos necesarios para lograr el consenso social y político. La reforma tiene, según las encuestas, el apoyo de más del 80% de la población, pero "al afectar a mucha gente en su vida diaria --advierte Fidalgo-- es importante que se haga con el máximo consenso para que la ley sea efectiva".
Para alcanzar la mayoría parlamentaria, al PSOE le basta con obtener siete votos más. Los últimos revolcones sufridos por el Gobierno en el Congreso hacen necesario que antes de poner en marcha cualquier proyecto de ley, el Gobierno se plantee con que apoyos podrá contar. En este caso con los 10 diputados de CiU tendría de sobra. La portavoz de este grupo en cuestiones sanitarias, Conxita Tarruella, es partidaria de apoyar una modificación que sirva "para proteger un poco más la salud de los ciudadanos y acabar con la discriminación de los trabajadores de la hostelería".
Tarruella, enfermera de profesión, es personalmente partidaria del veto total al tabaco, pero como diputada es más prudente. La postura de mínimos de su grupo sería la siguiente: "En los sitios cerrados, sea cual sea su extensión, o los fumadores están totalmente separados o no se fuma", resume en una fórmula que se acercaría a la portuguesa. "Estamos dispuestos a apoyar y hablar. Nuestro grupo no será un problema para hacer la norma más restrictiva", prometió la diputada.
Pero al Gobierno tampoco le va a faltar el apoyo de la izquierda. ICV y ERC también creen que es necesaria un norma más restrictiva. Es más, es muy posible que uno de los factores que decidan al Ejecutivo a lanzarse por esta senda sea la necesidad de contar con temas que galvanicen a la gran mayoría de la sociedad y dejen aislado de nuevo al PP como un partido conservador que se opone a la modernización como ocurre con la ley del aborto.
El PP sigue en sus trece de oposición a todo lo que sean restricciones a fumar. Su portavoz parlamentario, Mario Mingo, anunció que su grupo no apoyará la reforma, ya que se ha demostrado que las prohibiciones no son efectivas en el consumo en el terreno de las drogas y de la salud. "Las medidas restrictivas están bien como están. Hay locales donde no se fuma. En todos los puestos de trabajo hay alguna incomodidad", justificó.

CONTRADICCIÓN FLAGRANTE
El PP se va a encontrar tan solo que perderá incluso a aliados coyunturales, como los sindicatos, que en la ley del 2006 coincidieron con alguno de sus postulados. La UGT, que defendió la existencia de espacios para fumadores en todos los centros de trabajo, también considera ahora necesaria la reforma para hacer una ley que ponga fin a la contradicción que supone que los empleados del sector del ocio no puedan fumar, bajo sanción, y se vean obligados a inhalar humo de los clientes.
Almudena Fontecha, secretaria confederal para la Igualdad, denunció que los resquicios de la actual ley han propiciado que las autonomías saquen normativas que han permitido una aplicación más flexible. "La filosofía de la ley quedó dinamitada por el desarrollo normativo. Madrid es el más claro ejemplo", lamentó.

Extret de El Periódico del 29/03/2009

 

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